Cambiar la UE no es tan sencillo

Hace unas semanas, Izquierda Unida celebró una conferencia para tratar el tema de la Unión Europea, a esbozo de programa político para las próximas elecciones. Dada la posición de IU como movimiento político y social de cambio de mayor presencia en el conjunto del Estado, conviene detenerse en qué propuesta política concreta se nos ofrece.

De entre los muchos temas que se debatieron, el más importante fue sin duda la idoneidad de permanecer o no en ese entramado político económico que denominamos la Unión Europea. Las posturas fueron variadas y aquí haremos mención a dos: La oficialista, partidaria de permanecer y cambiar la UE para dotarla de contenido social; y la crítica, partidaria de un abandono -variopinto según quién la defienda- de la UE y especialmente del euro como moneda.

Los pros y contras de escapar del euro se han discutido ampliamente, y recomiendo -por afinidad y claridad expositiva- este articulito de Juan Barredo y Ricardo Molero. Sin embargo escapa de la profundidad de este artículo el detenernos en ese asunto.
La intención de este comentario es ver qué sentido práctico tiene la opción oficialista que se plantea IU. Es decir, y de una forma más amplia, cómo de fácil o de difícil es lograr una Europa (UE) más social.

Lo principal para cambiar políticamente -y en el sentido al que IU se refiere- a la UE es cambiar sus instituciones. El camino propuesto es similar al tardofranquista en el sentido de Torcuato Fernandez Miranda: de ley a ley a través de la ley. Así pues, veamos cómo funcionan y qué competencias tiene cada organismo de la UE. Es decir, veamos cómo se pueden modificar esas leyes que modifican a su vez otras.

La UE, en lo político, se compone de 4 estamentos. De un lado el Parlamento Europeo -único órgano votado directamente y cuya representación es quasiproporcional-; por otro están la Comisión Europea, el Consejo de Ministros y el Consejo Europeo.
La composición es como sigue: el Parlamento Europeo está compuesto, como decíamos, por diputados electos a través de elecciones en cada país -lo que elegimos en las elecciones europeas es esto-; la Comisión está compuesta por 27 miembros, electos por el Presidente de la Comisión -uno de cada país miembro-. El Consejo de Ministros lo componen el conjunto de ministros nacionales de cada país de la UE, uniéndose según el ramo (defensa, agricultura, etc.). Y por último el Consejo Europeo que lo componen los jefes de Estado y de gobierno de la Unión.

¿Qué hace cada quién?

Las atribuciones legislativas son compartidas por el Parlamento y el Consejo de Ministros -llevando este último casi todo el peso-. Del lado ejecutivo está la Comisión y, por encima de todos, el Consejo Europeo que, si bien no tiene un papel definido y decisorio, es el que lo envuelve todo debido a que es el encargado de lanzar las “directrices a seguir” en franca colaboración con la Comisión Europea.

Es decir, existe, por orden de relevancia en la actuación, una jerarquía donde la Comisión Europea encabeza la pirámide, seguida por el Consejo de Ministros y residualmente el Parlamento Europeo, toda vez que el Consejo Europeo se coloca en una posición totalizadora y fuera de ese sistema. El Consejo Europeo “lo impregna” todo.

Tanto es así, que el presidente de la Comisión Europea es elegido por el Parlamento Europeo, pero, eso sí, a propuesta del Consejo Europeo. Por tanto, en la práctica, el rol que asume el Parlamento Europeo es el de una cámara de reflexión más que de decisión. Su papel es el de dar el visto bueno a lo que otros proponen -y no en todas las decisiones, ni mucho menos-.

Así pues, existen tres estructuras de elección: directas (el Parlamento Europeo); indirectas (Consejo Europeo y Consejo de Ministros) y derivadas (Comisión Europea).

Dado que es la Comisión Europea la encargada, junto con el Consejo de Ministros, de proponer los cambios de calado -nuevos tratados- es necesario, para “controlarla” controlar el órgano del cuál se deriva su elección, esto es, el Consejo Europeo en la propuesta y el Parlamento Europeo en la ratificación.

Es decir, si, y sólo si, sería posible un cambio social -profundo, entendemos- en la UE, si y sólo si, las fuerzas transformadoras ganasen no sólo las elecciones europeas sino también las elecciones nacionales, dado que sin jefes de Estado y de Gobierno -y ministros- es imposible controlar el Consejo de Ministros y el Consejo Europeo.

Un ejercicio simulado

Bien, hagamos un primer esbozo de cómo está la situación en la Europa de hoy. El Parlamento Europeo, por ejemplo, está compuesto aproximadamente por un 10% de fuerzas de cambio social (sólo un 10%; incluyendo a toda la izquierda y a algunos verdes). Por otro lado, el número de Estados controlados por estas fuerzas es, de veintisiete, cero.

Por tanto, la doble condición necesaria no se cumple. Pero somos conscientes del cambio que se está dando en la UE, donde los partidos de izquierda -al menos en la periferia- están creciendo fuertemente.

Hagamos una proyección. Supongamos que el número de fuerzas de cambio social da un golpe importante -y excluyamos de ahí el hecho de que muchos de ellos, por ejemplo la izquierda alemana, no ve lo “social” como la izquierda española, por ejemplo-.
Supongamos que la izquierda social alcanza el 25%. Más del doble. Es posible. Suponer más, en el conjunto de la Unión, me parece una temeridad. Es más, supongamos incluso que ese 25% fuese suficiente, a través de pactos con los sectores socialdemócratas del Grupo Socialista, para controlar el Parlamento Europeo.

La primera condición necesaria se cumple: se controla el Parlamento. No obstante, esta condición, como decíamos, es necesaria pero no suficiente.

¿Qué hay entonces de la otra condición? Pues la realidad es que, salvo en los países periféricos de la Unión, las posibilidades de que una fuerza social alcance el poder ejecutivo -controlando así el Consejo de Ministros y el Consejo Europeo- son nulas o escasas. Ningún país del Centro europeo tiene intenciones de voto a fuerzas de izquierda similares a las de la periferia. Por no hablar de los países de nuevo ingreso, procedentes de la extinta Unión Soviética y países satélites.

En otras palabras, en el terreno más favorable, sería imposible controlar los órganos que promueven y proponen las medidas legislativas como directivas o reglamentos -por no hablar de cambios en tratados-.

Así pues, para nosotros, la conclusión es clara: la Unión Europea es inmutable hacia un punto de vista social. Cualquier esfuerzo destinado a cambiar la UE desde dentro en el corto-medio plazo es vacuo y fútil.

Un salida de la Unión Europea neoliberal que pase por aceptar las reglas de juego de la Unión carece de sentido. Por tanto, en la confluencia de fuerzas con organizaciones y países de similares características es donde, a nuestro juicio, se puede comenzar a construir una posible alternativa a la Unión Europea, pero siempre y en todo caso, al margen y fuera de ésta.

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